Bruselas abre la puerta a regular el precio de la luz para las rentas bajas como pide el PP
La Comisión Europea ha abierto la puerta a establecer un precio regulado de la electricidad por debajo del precio del mercado, algo que el PP ha pedido en España para las rentas bajas. Se trata de un sistema que podría sustituir a los modelos fracasados de Pedro Sánchez del tope al gas (la «excepción ibérica») y el bono social.
«Las propuestas autorizarían por primera vez precios regulados de la electricidad por debajo del coste y ampliarían los precios regulados para incluir también a las pequeñas y medianas empresas», sostiene el documento que recoge las propuestas de la Comisión para tratar de rebajar la factura energética de los ciudadanos europeos.
Es decir, la Comisión que preside Ursula von der Leyen abre la puerta por primera vez a que los Gobiernos fijen los precios de la electricidad para algunos colectivos a pesar de que eso atenta contra el libre mercado que debe regir siempre la economía en la UE, La justificación para esta autorización es la situación excepcional de crisis energética que vivimos a consecuencia de la guerra de Ucrania.
Esta posibilidad sería mucho más eficaz, a juicio de las autoridades comunitarias, que el tope al gas de Sánchez -que ha fracasado de forma palmaria debido a la compensación a las centrales de gas que se incluye en el recibo de la luz- y que el bono social actual, cuya inutilidad queda demostrada por el hecho de que 1,4 millones de españoles han abandonado esta supuesta ayuda desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
En cambo, Alberto Núñez Feijóo ha propuesto una tarifa plana de la luz para las rentas más bajas, que ha sido ignorada por el presidente del Gobierno y que ahora hace suya Bruselas. No sólo eso, sino que la extiende a las pymes, el colectivo más castigado por las políticas del Ejecutivo y por las ocurrencias del socio minoritario de la coalición, Podemos.
Los impuestos, para bajar la luz
Asimismo, Bruselas va a atar en corto al Gobierno de Pedro Sánchez con los impuestos a las energéticas. Nuestro presidente ya no podrá gastarse la recaudación de estos tributos en lo que quiera, como hasta ahora, sino que tendrá que destinar obligatoriamente estos ingresos a rebajar el recibo de la luz de hogares y empresas.
Así lo dejó claro Von der Leyen, ayer en el discurso en el que presentó las medidas que propondrá a los países para afrontar la crisis energética. En el citado documento, se dice claramente que «los ingresos por encima del tope serán recaudados por los gobiernos de los Estados miembros y utilizados para ayudar a los consumidores de energía a reducir sus facturas».
El tope se refiere a un precio máximo para las fuentes de energía distintas del gas (renovable, nuclear, hidráulica, etc.) que se establecerá en 180 €/MWh; la diferencia con el precio marginal de la subasta diaria será recaudada por los Estados.
Lo mismo ocurre con la nueva «contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios» que Bruselas quiere imponer a las petroleras y gasistas. «Los Estados miembros recaudarían los ingresos y los reorientarían a los consumidores de energía, en particular los hogares vulnerables, las empresas gravemente afectadas y las industrias con gran consumo de energía», establece el documento.